Con apenas $2.000 millones de ingresos netos del crudo y la mayor parte de los impuestos comprometidos en sueldos, deuda y transferencias, el Estado enfrenta un desbalance estructural que obliga a replantear cómo se distribuye el dinero público.

Durante años, el presupuesto ecuatoriano descansó en una lógica petrolera. Cuando el precio del crudo superó los $100 y el país exportaba cerca de 130 millones de barriles anuales, el Estado recibía alrededor de $13.000 millones en exportaciones. Esa realidad permitía financiar la expansión del gasto, la inversión pública y las transferencias.

Ese escenario desapareció. Las exportaciones petroleras rondan los $6.000 o $7.000 millones y, según explicó el exministro de Economía, Fausto Ortiz, al Presupuesto General del Estado (PGE) le quedan apenas unos $2.000 millones netos de ingresos por crudo. Esto luego de descontar el costo de importación de derivados y la operación de Petroecuador.

Por eso, Ortiz es categórico: “Hoy día el petróleo es poco importante en los ingresos presupuestarios”. En esa línea, la ministra de Economía, Sahira Moya, ha resaltado que las exportaciones de camarón ahora son mayores que las petroleras.

El problema es que el gasto público no se redimensionó al mismo ritmo que cayó el peso del crudo.

El petróleo cae; pero los Impuestos no alcanzan para cubrir el gasto público ecuatoriano

Con el petróleo debilitado, el Estado depende sobre todo de los impuestos. La recaudación bordea los $16.000 millones o $17.000 millones anuales. Pero cuando se analiza su distribución, se entiende el cuello de botella:

  • Cerca del 21% se transfiere a municipios, prefecturas y juntas parroquiales (entre $3.000 millones y $4.000 millones al año).
  • Aproximadamente $10.000 millones se destinan a sueldos del sector público.
  • Unos $3.000 millones van al IESS por el aporte estatal.
  • Más de $1.000 millones en bonos sociales.
  • Antes de pagar los cerca de $4.500 millones de intereses de deuda, ya se terminan los impuestos.

El resultado es un presupuesto sin margen. Ortiz lo describió de forma directa:

“Se te acabó la plata y estás desequilibrado”.

Y remató con el diagnóstico central: “Está claro que el modelo presupuestario no encaja, no es sostenible”.

En otras palabras, sin cambios estructurales, el presupuesto estatal, tal como está con un déficit (más gastos que ingresos) de más de $5.400 millones para 2026, no se puede mantener sin provocar cada vez más problemas económicos y fiscales.

¿Por qué el insostenible presupuesto estatal en Ecuador explica la ley de Noboa sobre los gobiernos locales?

En este contexto aparece la propuesta del presidente de la República, Daniel Noboa, de obligar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a destinar al menos el 70% de las transferencias del Gobierno Central a inversión y no más del 30% a gasto corriente. Pero la ley va más allá de una regla de eficiencia.

Establece que, si un gobierno local no cumple con esa proporción, sus asignaciones bajarían del actual 21% de los ingresos permanentes (impuestos) y 10% de los no permanentes (petróleo) a solo 15% de los ingresos permanentes y 5% de los no permanentes.

Es decir, no elimina las transferencias constitucionales mínimas, pero sí reduce el excedente que hoy reciben.

Según Ortiz, el efecto fiscal podría ser significativo. “Una manera de recortar cerca de $1.000 millones de gasto en el PGE es establecer por ley que los GAD reciban el 15% sobre los ingresos permanentes y no el 21% actual”, explicó.

Y agregó un argumento de fondo. “Hoy están financiando gasto permanente de asignación con deuda, lo cual es inconstitucional”, recalcó.

Esa frase resume la gravedad del problema. Si el Estado está usando endeudamiento para cubrir transferencias que financian gasto corriente, es decir, gasto permanente, entonces el modelo no solo es insostenible económicamente, sino cuestionable desde el punto de vista constitucional.

En otras palabras:

  • El petróleo ya no financia como antes.
  • Los impuestos apenas alcanzan para cubrir obligaciones rígidas.
  • El déficit obliga a endeudarse.
  • Y parte de ese endeudamiento termina cubriendo transferencias que no siempre se traducen en inversión.

La ley 70-30 busca, en ese escenario, forzar una reasignación interna del gasto sin tocar directamente sueldos del Gobierno central ni dejar de pagar deuda. (JS)

Producción diaria de petróleo en Ecuador

Año Barriles diarios
2005 532.000
2006 536.000
2007 511.000
2008 506.000
2009 486.000
2010 486.000
2011 500.000
2012 504.000
2013 526.000
2014 556.000
2015 543.000
2016 548.000
2017 531.000
2018 517.000
2019 531.000
2020 479.000
2021 473.000
2022 481.000
2023 475.300
2024 476.500
2025 470.100