Trabajadores en relación de dependencia y pequeños emprendedores, entre 30 y 55 años, son hoy el rostro más visible del endeudamiento en Ecuador, en un país que supera 1,1 millones de juicios por deudas.

El sobreendeudamiento en Ecuador tiene un perfil cada vez más claro y recurrente. Personas entre 30 y 55 años, trabajadores formales y pequeños emprendedores concentran la mayor parte de los procesos judiciales por deudas que se acumulan en el país. Se trata del segmento económicamente activo, con ingresos regulares, pero altamente expuesto al crédito para sostener gastos básicos.

Entre enero de 2023 y noviembre de 2025, Ecuador registró 1’134.412 procesos judiciales por deudas, según cifras del Consejo de la Judicatura. Detrás de ese número están hogares que inician el 2026 con un déficit financiero estructural, donde el salario o los ingresos del emprendimiento ya no alcanzan para cubrir el costo de vivir y trabajar.

“El 2026 comienza con hogares en déficit económico. Seis de cada diez ecuatorianos necesitan endeudarse para vivir y tres de cada diez personas con crédito tienen una calificación mala o pésima en el buró”, explica César Coronel Garcés, abogado de Defensa Deudores Ecuador.

En el grupo de 30 a 55 años, la falta de ahorro y la dependencia del crédito hacen que cualquier imprevisto, como una enfermedad, despido o caída de ventas, active un proceso de sobreendeudamiento que termina en los juzgados.

Como ya analizó LA HORA, los quiteños, por ejemplo, se endeudan, en primer lugar, para comprar comida; y luego están otros fines como educación, salud, y emprendimientos.

Las tarjetas de crédito financian la vida diaria y los negocios de los ecuatorianos

Las deudas que más frecuentemente derivan en conflictos legales dentro del grupo de 30 a 55 años están vinculadas a pagarés, tarjetas de crédito, procesos judiciales de cobro de dinero y obligaciones hipotecarias.

Casi el 60% de lo que se compra con tarjeta de crédito es a plazos; pero, cuando se acumulan varios pagos por cuotas, según Andrea Romero, economista, “se vuelve una bola de nieve que no se puede parar”.

La presión judicial es mayor en las provincias con mayor actividad económica y empleo formal. Pichincha lidera con 327.181 procesos, el 28,85% del total nacional. Le sigue Guayas, con 218.758 demandas (19,28%). En Manabí y Azuay se contabilizaron 76.146 y 71.836 procesos, respectivamente.

En estas provincias se concentra también una gran parte de los trabajadores en relación de dependencia y de los pequeños negocios familiares que dependen del crédito para operar y sostener el consumo diario.

“El pagaré es especialmente riesgoso para trabajadores y pequeños emprendedores, porque se firma con la expectativa de que los ingresos futuros permitirán cumplir. Cuando eso no ocurre, la ejecución es rápida y directa, dejando al deudor en una situación de alta vulnerabilidad jurídica”, señala Coronel.

Muy por detrás aparecen el concurso de acreedores, el cobro de dinero, las letras de cambio y las facturas previstas en el Código General de Procesos.

“Muchas personas buscan ayuda cuando el problema ya está avanzado, cuando ya existe una demanda o un proceso coactivo en marcha. Aun así, incluso en esas etapas todavía existen alternativas legales para defenderse”, explica Coronel.

No se trata de falta de voluntad de pago. “El ecuatoriano, en general, tiene buen carácter de pago. Cuando no cumple no es porque no quiere, sino porque no puede. Hoy miles de trabajadores y emprendedores están financiando su alimentación y gastos básicos en cuotas, generando una bola de nieve que termina en una demanda”, resalta Coronel.

De acuerdo con Romero, un error muy recurrente es endeudarse pensando en que las cosas van a mejorar, es decir, en que tendrás más ingresos a futuro. Sin embargo, lo que hay que hacer es endeudarse con base en los ingresos actuales, y revisar de manera exhaustiva en qué se está gastando. Solo así se puede saber claramente la capacidad real de pago.

¿Cómo iniciar 2026 si ya está endeudado?

Para este segmento de la población, iniciar el año con mayor control financiero implica elaborar un presupuesto realista, identificar ingresos, gastos fijos y deudas pendientes, y estructurar un plan de pagos que no comprometa necesidades básicas.

Evitar nuevas deudas, priorizar pagos de contado o cuotas sin intereses y fomentar el ahorro, incluso en montos pequeños, reduce la dependencia del crédito frente a imprevistos.

Cuando ya existe sobreendeudamiento o un proceso legal en curso, la recomendación es buscar asesoría legal especializada de inmediato, antes de que la situación derive en embargos, retenciones o bloqueos de cuentas.

“Tener deudas no es un delito ni una vergüenza; el verdadero riesgo es enfrentar una demanda sin información ni asesoría. Para trabajadores y emprendedores, actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre perder el patrimonio construido durante años o encontrar una salida jurídica viable”, concluye Coronel. (JS)